September 27, 2017 at 2:08 am

Senadores demócratas piden que se extienda el plazo del 5 de octubre para que los dreamers renueven DACA

Un grupo de 38 le envió una carta al gobierno de Trump en la que aseguran que los huracanes Harvey, Irma y María afectaron a miles de dreamers en Texas, Florida y Puerto Rico, y reclaman darles más tiempo para renovar sus permisos de trabajo.

Un grupo de senadores demócratas redactó una carta en la que pidieron al gobierno del presidente Donald Trump que extienda el plazo del 5 de octubre otorgado a los dreamers para la renovación de DACA.

El documento, redactado por los senadores Bill Nelson (Florida), Richard Blumenthal (Nueva York) y Bob Menéndez (Nueva Jersey), reunió a 38 de los 46 demócratas de la Cámara Alta.

Los legisladores argumentan que el paso de los huracanes Harvey por Texas, en agosto, e Irma por Florida y María por Puerto Rico, en septiembre, afectó a millones de personas, entre ellos muchos indocumentados protegidos por DACA y que califican para la renovación de sus amparos de deportación.

“Sería apropiado que el gobierno extendiera el plazo del 5 de octubre 2017 a nivel nacional para permitir a las personas el tiempo adecuado para cumplir la reciente solicitud del gobierno”, precisaron.

 

El plazo del 5 de octubre fue fijado por Sessions cuando anunció la cancelación progresiva de la Acción Diferida del 2012 (DACA). El fiscal general informó que los dreamers amparados por DACA cuyos permisos de trabajo vencen entre el 5 de septiembre y el 5 de marzo de 2018 deben renovarlos antes de esa fecha.

“Los huracanes tomaron vidas, inundaron comunidades, arruinaron hogares y negocios”, dice la misiva, dirigida a la secretaria interina del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Elaine Duke. “Según los últimos datos de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), decenas de miles de receptores de la DACA viven en las áreas afectadas por las tormentas”, agrega.

Los promotores de la iniciativa consideran que los estados de Texas, Florida y Puerto Rico tomarán largo tiempo en recuperarse de los efectos del paso de estos huracanes, y que “una extensión de la fecha límite proporcionaría a los receptores de DACA más tiempo para recoger la cuota de solicitud de $ 495 y reunir los documentos necesarios para completar con precisión la solicitud de renovación”.

 

La semana pasada varias organizaciones de dreamers, entre ellos United We Dream (UWD), ya sugirieron que el gobierno debería sopesar un cambio e fecha a consecuencia del paso de los huracanes Harvey, Irma y María.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) respondió a Univision que no había ninguna decisión sobre una extensión del plazo, y que “estaba evaluando” la situación tras el paso de los huracanes Harvey e Irma”.

United We Dream estima que unos 154,000 dreamers califican para la renovación de sus permisos de trabajo por otros dos años (los que vencen entre el 5 de septiembre y el 5 de marzo de 2018).

Además de Menéndez, Nelson y Blumenthal, la carta fue firmada por los senadores Tammy Baldwin (WI), Michael Bennet (CO), Cory Booker (NJ), Sherrod Brown (DE), Tom Carper (DE), Bob Casey (PA), Chris Coons (DE), Catherine Cortez Masto (NV), Tammy Duckworth (IL), Dianne Feinstein (CA), Al Franken (MN), Kirsten Gillibrand (NY), Kamala Harris (CA), Maggie Hassan (NM), Mazie Hirono (HI), Tim Kaine (VA), Amy Klobuchar (MN), Patrick Leahy (VT), Edward Markey , Chris Murphy (CT), Patty Murray (WA), Jack Reed (RI), Bernie Sanders (VT), Brian Schatz , Jeanne Shaheen (NH), Tom Udall (NM), Chris Van Hollen (MD), Elizabeth Warren (MA), Sheldon Whitehouse (RI) y Ron Wyden (OR).

 

articulo by http://www.univision.com/noticias/inmigracion/senadores-democratas-peden-que-se-extienda-el-plazo-del-5-de-octubre-para-que-los-dreamers-renueven-daca

 

August 30, 2017 at 12:31 am

¿Consecuecias para los “dreamers” si Trump cancela el programa DACA?

Si el presidente cancelase el programa dejaría sin protección a 788,000 jóvenes indocumentados que entraron a EEUU siendo niño y que se quedarían sin sus permisos de trabajo. Por otro lado, habría que ver qué pasa con los archivos con sus datos personales.

El futuro de la Acción Diferida de 2012 (DACA) que protege a más de 788,000 jóvenes indocumentadosque entraron a EEUU siendo niño es ahora mismo incierto. El fin de semana la Casa Blanca reconoció que el presidente Donald Trump está considerando el futuro del beneficio migratorio y aseguró que todavía “no ha tomado la decisión”. ¿Aunque son varias las opciones de lo que podría ocurrir, qué pasaría para los dreamers si Trump cancela el programa DACA?

Como explica Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración que ejerce en Phoenix, Arizona, y colabora frecuentemente con el Noticiero Univision, si el programa fuese cancelado, hay dos claves a tener en cuenta:

-La primera es que, si esto ocurriese, DACA dejaría de existir y los poco más de 788,000 jóvenes amparados de la deportación dejan de estar protegidos. Del mismo modo, como recalca Hernández, “al cancelar el beneficio, también se cancelan los permisos de trabajo, aunque algunos tengan una fecha de expiración posterior”. No hay que olvidar que el permiso de trabajo es parte del beneficio migratorio.

-La segunda es que, si Trump elimina DACA, la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) tendría que iniciar un proceso para pedirle a la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (ISCIS) “todos los archivos de los protegidos por el programa”, indica Hernández.

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¿Puede USCIS entregar los archivos de DACA a ICE?

Abogados consultados por Univision Noticias dicen que este trámite llevaría un proceso, y que no hay precedente para saber cómo se hace y qué harían las agencias al respecto.

“Nosotros ya nos estamos preparando para esta situación”, dice Jiménez. “Emprenderemos acciones legales para combatirlas. No vamos a permitir que la USCIS entregue nuestros datos a ICE para que el gobierno inicie procesos de deportación en nuestra contra. Cuando el gobierno de Estados Unidos recolectó nuestra información, nos aseguró que nunca los utilizaría para expulsarnos”.

¿Y qué pasará si la USCIS entrega la información a ICE?

Si USCIS entrega los datos, ICE entonces pondría a todos los dreamers protegidos por DACA “en proceso de deportación” de Estados Unidos, advierte Hernández. A menos que la agencia, caso por caso, decida que esos dreamers no son una prioridad de deportación, “pero eso conlleva y crea múltiples problemas logísticos”, señala. “Imagínese emitir más de 788,000 certificados de no prioridad a personas que han vuelto a quedar desprotegidos de la deportación”.

¿Qué alternativas podría proponer Trump?

El 31 de agosto del año pasado, Trump propuso un plan migratorio de 10 puntos basado en redadas y deportaciones aceleradas de indocumentados. Tras sugerir que deportaría a los 11 millones de extranjeros sin autorización en el país, dijo que los indocumentados sin antecedentes criminales podrán salir del país y agregarse a la cola para conseguir una visa en un consulado estadounidense. Sin embargo, este plan no tendría garantías de éxito para quienes transiten por esta vía.

“Tienen que venir legalmente y adecuadamente revisados”, dijo el presidente aquel día. “Regrese a su casa y solicite regresar como todos los demás”, apuntó.

Si bien Trump aseguró que el sistema se haría de manera eficiente, este tipo de soluciones está llena de trabas que, en muchos casos, haría imposible que un indocumentado regrese al país.

Uno de los impedimentos para volver es la Ley del Castigo que sanciona con tres años fuera a indocumentados que han permanecido más de 180 días de manera ilegal en el país, y la sanción aumenta a 10 años si la permanencia sin papeles pasa de los 365 días. Se estima que más del 95% de los 11 millones de indocumentados ha estado más de un año en el país sin autorización.

La única manera de salir del país sin que le caiga encima la ley del castigo es gestionando un Perdón 601-A que anula provisionalmente la Ley de los 10 años. Pero sólo pueden hacerlo indocumentados cuya ciudadanía fue pedida por un familiar inmediato ciudadano o residente legal. “Si no fue pedido y no tiene un cupo de visa, no puede tramitar el perdón”, dijo Hernández, que considera que Trump debería trabajar un complejo y detallado reglamento para entender en qué consiste esta propuesta. “Y explicar quién se encargará de ponerlo en ejecución y cómo. Estamos hablando 788,000 personas”.

Por qué ahora

El 5 de septiembre vence el plazo fijado por 10 estados al fiscal general Jeff Sessions para que cancele progresivamente DACA. Si no lo hace, los detractores amenazan con presentar una demanda en el mismo tribunal que el 16 de febrero de 2015 congeló la implementación de DAPA y una ampliación de DACA. El dictamen fue avalado por la Corte de Apelaciones del 5to Circuito.

Qué pasa si Trump no toma decisión sobre DACA

Si el presidente no toma una decisión ahora, habrá que ver qué paso da el fiscal general Sessions en respuesta al ultimátum de los 10 estados, que vence el 5 de septiembre.

Qué pasa si Sessions tampoco decide

Una fuente republicana de la Cámara de Representantes dijo a Univision Noticias que puede ocurrir que ni Trump ni Sessions tomen una decisión, y de esa manera obliguen a los 10 estados a acudir a una corte para frenar DACA. “Si eso ocurre, el Departamento de Justicia no acudirá al tribunal para defender el programa, dejando que sea un juez quien lo cancele. De esa forma, se evitará que la culpa, en caso de anularse DACA, recaiga sobre el presidente”.

Qué hacer mientras Trump decide

Abogados y activistas recomiendan tener al día toda documentación útil necesaria, como por ejemplo la licencia de manejar. Y evitar en lo posible viajar fuera del país, porque si el programa desaparece, el dreamer no podrá regresar a Estados Unidos.

También advierten que, si el gobierno cancela el beneficio, habrá que esperar un reglamento por parte de la USCIS; agencia federal encargada de la administración del programa.

Article by http://www.univision.com/noticias/inmigracion/cuales-serian-los-escenarios-para-los-dreamers-si-trump-cancela-el-programa-daca

June 17, 2016 at 11:09 pm

California Moves Toward Extending Obamacare to Illegal Immigrants

Those in the country illegally are prohibited from access to Obamacare, but a loophole in the law could change that.Martha Lucia (L) sits with Rudy Figueroa, an insurance agent from Sunshine Life and Health Advisors, as she picks an insurance plan available in the third year of the Affordable Care Act at a store setup in the Mall of the Americas, on Nov. 2, 2015, in Miami.

During a 2009 address to a joint session of Congress, President Barack Obama told the country that his plans for health care reform would not extend to people who are in the country illegally.

“You lie!” South Carolina Republican Rep. Joe Wilson notoriously shouted. Obama replied, “That’s not true.”

But only two years after the largest coverage provisions in the Affordable Care Act took effect, the country’s most populous state has passed a bill that, in fact, seeks to extend Obamacare to people regardless of their immigration status.

The bill, now before California Gov. Jerry Brown, aims to allow people who are in the country illegally to buy private health insurance on the state’s exchange. Its author, Democratic state Sen. Ricardo Lara estimates that 390,000 such immigrants could receive health insurance, but officials who operate the exchange place that number closer to 50,000.

The legislation is being considered not only at a time when presidential candidates are campaigning in the Golden State but as those running have made health care and illegal immigration central platforms in their bids for the Oval Office, finding that their views on the topics have ignited voters’ passions. To critics of the law, the bill signals another broken promise of Obamacare.

 Obamacare explicitly bars people in the country illegally from its provisions, but a loophole called the “innovation waiver” allows for states to change portions of the law, as long as they make coverage available to more people and as long as the federal government doesn’t have to pick up the tab, among other requirements. The bill, which would require that a request for a waiver be filed, first must be approved by the state legislature and the governor before the waiver can be considered by the federal government.
Though the California bill does not come with federal subsidies that make health insurance more affordable to low- and middle-income people, critics fear it’s heading that way.

“This is a two-step process: Open the door to the exchanges, but when no one can afford to buy insurance you come back and add the subsidies,” says Ira Mehlman, a spokesman for the Federation for American Immigration Reform. “This is the first step in another misrepresentation of the Affordable Care Act. It was sold to the American people on the fact that you wouldn’t have to subsidize health care for illegal immigrants.

Jesse Melgar, a spokesman for Lara’s office, reiterated that the bill did not provide for federal subsidies and says the question of whether the state would pay for them would be part of an ongoing conversation. He stressed that the focus was on passing the waiver and says the bill would give families with mixed immigration status – for instance, those in which adult children are U.S. citizens but their parents aren’t – the ability to sign up for the same plan, potentially making it easier for them to get care.

But it is unclear exactly to what extent people would want to buy plans without subsidies. Nothing prevents people who are in the country illegally from buying health insurance directly from brokers, and the plans offered on the exchange have similar prices to those sold off the exchange.

Mehlman, whose D.C.-based nonprofit calls for strict immigration control, says it is exactly this tension that will lead to subsidies eventually being added, given that the plans are unlikely to be affordable. He thinks that more states would likely follow suit.

 Brown has not indicated whether he will sign the bill, and a spokeswoman says they do not comment on pending legislation. Brown has 12 days to veto or sign the measure, and if he does nothing it will become law.

California has been moving in the direction of permitting more benefits to people regardless of immigration status. Last year, Medi-Cal, the state’s program for low-income residents that is known as Medicaid in most states, opened health care coverage to all low-income children, despite immigration status. An estimated 170,000 children will become eligible at a cost of $40 million to the state this year and $132 million each subsequent year.

Groups who oppose illegal immigration have said they would consider filing a lawsuit against the state or the administration.

“This is the United States, and our legislators should be writing bills for U.S. citizens and not for people who are in the country illegally,” says Robin Hvidston, executive director for We the People Rising, a group that opposes illegal immigration. “It sends the message to the world, ‘Come to California illegally, you will have bills written for you.’ It acts as a magnet for the world to have people illegally in the state.”

Tim Jost, professor of Washington and Lee University School of Law, says a lawsuit is possible but unlikely to achieve its objectives.

“With the Affordable Care Act, people sue about absolutely everything,” he says. “Most cases have been dismissed for lack of standing.” Because the lawsuit would be political and not legal, Jost added, it would be difficult to show that people had been injured because of the law, and a lawsuit would likely be dismissed.

 If Brown signs the waiver bill, members of the Department of Health and Human Services and the Department of Treasury will have up to 225 days to make a decision about whether to approve it. The timeline means all of this could happen before Obama leave office.

It’s unclear what the administration would do. Obama has tried through executive action to protect roughly 4 million people in the country illegally from deportation, but that move is being considered by the Supreme Court. On the other hand, as of June 30, 2015, his administration discontinued subsidies and cut off health insurance coverage for 423,000 people who, after multiple outreach efforts from federal health officials, did not provide proof of their citizenship or immigration status, according to the Centers for Medicare and Medicaid Services.

The government already funds some health care for immigrants who are in the U.S. illegally. Under the Emergency Medical Treatment and Active Labor Act, for instance,hospitals are reimbursed when they provide emergency and maternity care for low-income people who need it, regardless of immigration status. Immigrants in the country illegally also can receive medical care through government-funded community health clinics.

 

Article by http://www.usnews.com/news/articles/2016-06-03/california-moves-toward-extending-obamacare-to-illegal-immigrants

May 5, 2016 at 12:27 am

Como Obtener Visa A Los Estados Unidos Facilmente

January 8, 2016 at 4:19 pm

DHS finaliza planes para redadas de deportaciones en Enero del 2016

Estarían dirigidas contra adultos y niños con órdenes de deportación, y generan rechazo de grupos proinmigrantes

a Administración Obama prevé realizar una serie de redadas a gran escala contra centenares de inmigrantes indocumentados en todo EEUU, tan pronto como el mes próximo, lo que generó indignación entre grupos proinmigrantes en víspera de Navidad.

El plan en ciernes, el primero de su tipo desde la crisis humanitaria en la frontera sur en 2014, se llevaría a cabo en cualquier sitio donde se encuentren los indocumentados, que de inmediato quedarían sujetos a la deportación, según fuentes anónimas citadas por el diario The Washington Post.

Las redadas se efectuarían en unos momentos en que, en paralelo, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) ha comenzado a abrir nuevas instalaciones ante la llegada de más niños indocumentados no acompañados de Centroamérica.

Centenares en el blanco de las redadas

Las redadas estarían dirigidas específicamente contra adultos y niños que ya han recibido órdenes de deportación de parte de un juez de Inmigración.

Aunque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha querido precisar cifras, la Oficina Ejecutiva para la Revisión Migratoria (EOIR), que depende del Departamento de Justicia, dijo hoy a este diario que entre el 18 de julio de 2014 y el pasado 24 de noviembre, 9,109 niños no acompañados han recibido órdenes de deportación, de un total de 46, 956 casos referidos por DHS.

Durante ese mismo periodo, 6,180 adultos con niños fueron referidos a tribunales de Inmigración, de los cuales 726 están en la lista para la deportación.

En la categoría de 8,752 individuos que cruzaron recientemente la frontera y fueron referidos a EOIR,  1,855 ya han recibido órdenes de expulsión, indicó la fuente.

La cifra final de eventuales deportados por ICE, sin embargo, podría variar porque los afectados tienen derecho a apelar la decisión del juez.

Respuesta del gobierno

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha querido hacer comentario sobre cuántos estarían afectados por el plan que, según el diario, no ha recibido la autorización final.

Sin embargo, en declaraciones a este diario, Gillian Christensen, portavoz de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), dijo que la agencia “se enfoca en individuos que suponen una amenaza a la seguridad nacional, la seguridad pública, y la seguridad en la frontera”.

Esos “deportables”, según explicó Christensen, incluye a “individuos, solos o con familiares, que han sido detenidos mientras intentan entrar ilegalmente en EEUU, los que han cruzado recientemente, y los que recibieron una orden final de deportación desde 1 de enero de 2014”.

Christensen reiteró la advertencia del secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, de que la frontera “no está abierta a la inmigración ilegal, y si los individuos vienen acá ilegalmente, no califican para asilo u otro alivio, y tienen órdenes de deportación, serán devueltos de acuerdo con nuestras leyes y valores”.

Indignación y rechazo

El plan de redadas sería una respuesta a la nueva ola de inmigrantes indocumentados que huyen de la perenne violencia en Centroamérica, en particular en el llamado “Triángulo del Norte” compuesto por Guatemala, El Salvador y Honduras.

Por ello, grupos proinmigrantes reaccionaron con indignación y rechazo al plan del DHS porque, a su juicio, sería una victoria para quienes promueven la xenofobia.

“Si se materializa este plan, aún así no sería suficiente para muchos líderes políticos y activistas antiinmigrantes, pese al impacto real y devastador que tendrá en muchos adultos y niños que buscan refugio en este país”, dijo a este diario Kalia Abiade, directora de asesoramiento del grupo “Center for New Community”, en Chicago (Illinois).

“Estos grupos antiinmigrantes están influyendo en la retórica de la contienda y en políticas que afectan la vida de las personas. Es algo indignante y nos preocupa mucho”, agregó.

Por su parte, Philip Wolgin, director asociado para asuntos de inmigración del Centro para el Progreso Estadounidense (CAP, en inglés), dijo a este diario que, aún sin conocerse los detalles del plan, éste “nos regresaría a la era de redadas a gran escala que aterrorizaron a las comunidades inmigrantes”.

Para Wolgin, el plan contradice las declaraciones que el propio presidente Barack Obama hizo la semana pasada durante una ceremonia de naturalización, en la que reconoció que los niños que huyeron de la violencia en Centroamérica son refugiados.

“El realizar redadas a gran escala para disuadir a futuros solicitantes de asilo contraviene nuestras obligaciones legales y morales de proteger a quienes huyen de la persecución… estas familias deberían tener derecho a presentar sus casos y, en vez de redadas, EEUU debería centrarse en corregir las causas de la violencia en el Triángulo de Norte que genera la emigración ilegal”, argumentó Wolgin.

En ese sentido, grupos como la Asociación de Abogados de Inmigración de EEUU (AILA, en inglés) y “America´s Voice”, consideran que el plan, filtrado en víspera de Navidad, sería un doble castigo para familias que huyen de la violencia y buscan refugio en este país.

Frank Sharry, director ejecutivo de “America’s Voice”, consideró que el plan también sería “una pesadilla política” para los líderes demócratas porque, así como urgen la protección de sirios que huyen de una violencia indecible, ahora tendrán que denunciar este plan.

“Deberíamos estar hablando de una respuesta regional y nacional para dar protección y refugio seguro (a los indocumentados), en vez de redadas que minan nuestros valores fundamentales”, dijo Sharry.
El plan ha salido a la luz poco después de que el DHS indicara que, al cierre del año fiscal 2015, entre octubre de 2014 y septiembre pasado, ICE deportó a 235,413 indocumentados, de los cuales el 91% tenía antecedentes criminales.

Las autoridades del DHS se congratularon de que las nuevas cifras de deportación reflejan las nuevas prioridades fijadas por la Administración Obama para arrestar y deportar a personas con antecedentes criminales o que representan una amenaza para la seguridad fronteriza, pública y nacional.

Desde la contienda presidencial, el asunto de cómo resolver la inmigración ilegal genera profundas divisiones ideológicas: la mayoría de los republicanos propone más acciones policiales contra los indocumentados, mientras que los demócratas defienden su legalización.

by http://www.eldiariony.com/2015/12/24/dhs-finaliza-planes-para-redadas-a-gran-escala-contra-indocumentados-a-inicios-de-2016/

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